Las desigualdades sociales pueden ser objeto de las diferencias de capital humano, económico y social.
Humano en cuanto a desigualdades corporales (físicas o intelectuales) en forma de minusvalías o discapacidades. Económicas en cuando las diferentes capacidades para allegar los recursos necesarios para disponer de los bienes suficientes que permitan vivir con dignidad. Sociales en cuanto a las diferencias provocadas por el deficiente ordenamiento social de una colectividad, sea por ser originario de zonas no desarrolladas, o depravadas como consecuencias de la dilapidación de las materias primas por entidades ajenas a la colectividad, sea por una distribución injusta de las propiedades de la tierra, etc.
También en este terreno los derechos fundamentales son de todos los ciudadanos y las condiciones para tener acceso a una calidad de vida digna, debieran ser asequibles a todos ellos. Y la responsabilidad de poner los medios para que dichos derechos se puedan ejercer corresponde a los poderes públicos.
Esta responsabilidad social de las instituciones públicas se enmarca en el terreno de la justicia retributiva, distributiva y contributiva, pero la realidad se empeña en mostrarnos que siguen existiendo desigualdades sociales a las que no puede, no quiere o no alcanza la acción social “gubernamental”.
Es por ello que otras organizaciones sociales intentan responder a algunos de los problemas y necesidades e incidir sobre las causas que las generan. Y es en este terreno donde se dan, con mayor medida, respuestas por parte de las organizaciones “no gubernamentales” ante las desigualdades generalmente provocadas por una incorrecta ejecución de los principios de justicia social por parte de las entidades “gubernamentales”.
Podríamos decir que es responsabilidad social de dichas entidades (ONGs), en la medida que se involucran en asumirla, la sociedad así lo reconoce y por ello aporta recursos (oficiales y particulares) para que dichas entidades puedan llevar a cabo sus actuaciones sociales.
Para responder ante estas desigualdades, las organizaciones que se involucren en ellas deberían:
- Fijar una clara misión de acción de respuesta a los problemas y necesidades sociales.
- Asegurar la coherencia entre la misión fijada (su identidad) y las obligaciones y compromisos que de ella se derivan con las partes interesadas: gestión de recursos, voluntarios, trabajadores, destinatarios, etc.
- Perseguir la eficacia en el cumplimiento de su misión.
- Preservar el equilibrio entre la autonomía propia de la organización y la viabilidad económica necesaria para lograr sus objetivos.
No es suficiente la voluntariedad de la organización social, ni la buena voluntad de sus miembros, es preciso una gestión responsable con criterios y requisitos que garanticen la ética en los procedimientos, la eficacia en la consecución de los objetivos y la transparencia y rendición de cuentas. No vaya a ser que se generen más problemas, por su escasa eficacia o ética, que los que pretende resolver.
